Hace unos días un repartidor de Uber Eats me robó una parrillada de tacos. Era un domingo en la tarde y hacía frío. Pasaron veinte, cuarenta, cincuenta minutos y nada de nada. En la pantalla del teléfono el estatus del pedido era que estaba en “proceso de entrega” hasta que de súbito cambió a “entregado”. Hambriento y encabronado, marqué a la taquería, pero rápido, como si ya les hubiera ocurrido antes, dijeron que ellos le habían dado el paquete a un repartidor ––cuyo nombre era Mario–– y que hasta ahí eran responsables. Que, si quería reclamarle a alguien, lo hiciera directamente con “la gente” de la aplicación. En ese momento supe que mis cuatrocientos pesos se habían esfumado. En vano recorrí un laberinto de ventanas hasta que la aplicación respondió que el repartidor nunca encontró la dirección y, por lo tanto, el acto no aplicaba como robo a pesar de que el sujeto canceló el pedido cinco minutos después de que se lo entregaron en la taquería. El acto fue una de las formas de robar pedidos, como los que repartidores honestos han denunciado. Resignado y en la perplejidad de sentirme robado por una aplicación, la borré y me prometí nunca más volver a usarla. Hasta la fecha lo he cumplido y quisiera hacer lo mismo con otras tantas apps.

Sin embargo, esta sensación de abuso también la viven miles de repartidores cuando son bloqueados por la aplicación para recibir pedidos cuando no cumplen con las condiciones de horarios. La situación laboral de los repartidores de comida ––a los que la OIT ha nombrado como jornaleros digitales–– es precaria, sin regulación y sin reconocimiento de la relación laboral.

La anécdota del principio me remite al libro: El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, de Remedios Zafra, que habla de nuestras vidas en evaluación constante, “en la cotidianidad de servicios precarizados y en sus correspondientes sistemas de calidad y atención al cliente. Con toda una masa de trabajadores hipervisibilizada y expuesta tras la que se esconde una estructura de poder invisibilizada y supervisora, sin estar claramente supervisada”. Se trata de esa misma estructura que impone imágenes independientemente de su verdad y sin filtro. Viraliza y populariza influencers, fantoches políticamente correctos e incorrectos con miles de likes y “puede llevarlos a ser gobernantes o líderes de opinión de manera esperpéntica”.

Otro libro que conecta con el tema, es: Estado de inseguridad. gobernar la precariedad, de Isabell Lorey. Para la autora, la precariedad es el arte de gobierno actual, la regla de nuestros tiempos que se extiende entre la contingencia (no sólamente pandémica) y la incertidumbre en todos los ámbitos que antes eran considerados seguros. Dice que “la precarización no es un peligro inminente para un centro, sino, una técnica de gobierno en proceso de normalización que hace posible gobernar mediante la inseguridad”. En este contexto no hay necesidad de represión, basta con el autogobierno interiorizado, modulado a través de la libertad y el deseo: “eres socio, no repartidor”, “sé tu propio jefe”, “cobrarás más porque no hay retenciones para la seguridad social”.

Desde esta perspectiva, existe una ambivalencia entre la subyugación y el empoderamiento, una grieta de posibilidad para sacar los vínculos de la lógica de la competencia y llevarlos a la solidaridad articuladora de luchas. Por ejemplo, la Alianza Unidos World Action, es una asamblea internacional de trabajadores de plataformas que agrupa colectivos de todo el planeta para defender los derechos frente a la precariedad y la subcontratación. En México, uno de sus representantes es Ni un repartidor menos que se define como “un colectivo de repartidores que ayuda a repartidores”. Sus acciones denuncian el acoso sexual y la violencia, monitorean accidentes, avisan del clima, articulan alianzas intersectoriales y arman jornadas de solidaridad para reparar bicis y motos. Actualmente enfrentan la polémica en torno al paquete económico 2022 de la Ciudad de México, donde se estableció que las empresas deben contribuir con el aprovechamiento del 2% a la ciudad por el uso de infraestructura vial. Una polémica que, hasta donde entiendo, no deja claro quiénes, entre las aplicaciones, (los restaurantes o los repartidores), pagarán el impuesto. Mientras tanto, del 2020 para acá han muerto 57 repartidores de comida, solamente en la CDMX.

@David_Orb

David Ordaz Bulos

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Psicólogo social. Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Estudiante del doctorado en Creación y Teorías de la Cultura de la Universidad de las Américas Puebla.

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